En marzo de este año se aprobó una nueva ley que pretende impulsar la Formación Profesional en España y, con ella, los datos de empleo juvenil. En concreto, con la nueva norma, el Gobierno se ha propuesto aumentar el porcentaje de jóvenes que eligen este tipo de formación. Así, se pretende acercarlo del 12% nacional actual al 25% europeo o el 29% de la OCDE. Asimismo, se aspira a elevar del 25% al 50% el porcentaje de jóvenes con nivel de cualificación medio.

En esta dirección, la reforma introduce, entre otras, las siguientes novedades: unificar la formación profesional y la formación para el empleo; potenciar la orientación profesional; reforzar la acreditación de competencias por vía laboral; ampliar la formación dual, etc. Pero estos cambios, siendo oportunos y necesarios, no serán en sí mismos suficientes. Para que esta reforma tenga éxito, será necesario hacer aterrizar todas estas novedades en la realidad de nuestro país. Es por ello que, desde mi punto de vista, serán determinantes las siguientes claves:

1. Adaptación a la realidad territorial. La realidad territorial española es amplia y diversa, y varía enormemente de norte a sur, así como del entorno urbano al rural. Para afrontar el reto de configurar una formación profesional atractiva, tanto para empleadores como para futuros empleados, es necesario tener un conocimiento preciso de las necesidades del mercado laboral en cada zona. Estas necesidades solo pueden ser bien descritas tanto por las empresas como por los centros educativos (públicos, privados y concertados) que operen en cada localidad. En este sentido, es fundamental potenciar la autonomía de los centros educativos y cultivar las relaciones de estos con el tejido productivo.

2. Implicación de las empresas. Sin duda, es la hora de las empresas. No de una forma abstracta, sino específica y concreta. Es necesario que las empresas se impliquen de una forma mucho más decidida. Asimismo, urge que los centros educativos promuevan esa implicación favoreciendo y siendo receptivos a sus demandas e iniciativas. Es prioritario que se haga realidad, por fin, la capacidad de estrechar relaciones entre el mundo empresarial y académico. Esto repercutirá en provecho mutuo, pero, sobre todo, en provecho de los jóvenes que se preparan para el mundo que viene.

3. Colaboración con los centros educativos privados y concertados. Pero esta forma de colaboración no es la única relevante para el éxito de esta reforma. También lo serán la cooperación y el diálogo continuo entre la administración y los propios centros educativos. Y, de forma específica, la colaboración de la administración con los centros privados, concertados y no concertados, que en los últimos años han incrementado su oferta, así como su peso en el porcentaje de alumnos totales en estos ciclos formativos. Creo que, para ello, sería bueno dejar de pensar en términos de titularidad pública para dar paso a términos como función pública, o servicio público, que es lo que, en definitiva, todos los centros educativos tenemos como finalidad. Creo firmemente que los ambiciosos objetivos de la FP se alcanzarán si somos capaces de establecer la adecuada cooperación, diálogo y colaboración de la administración con los centros privados y concertados. .

4. Colaboración entre administraciones. Con las competencias educativas descentralizadas, el alineamiento de las administraciones autonómicas con los objetivos de la reforma y la coordinación de todas sus políticas en una misma y única dirección, por encima de las diferencias ideológicas, esta es otra clave de enorme relevancia. Aunque no fue posible aprobar la reforma con la unanimidad que a todos nos hubiese gustado conseguir, sería deseable que las políticas de los diferentes gobiernos regionales contemplasen este reto como una cuestión de Estado, porque realmente lo es. En ese sentido, en Andalucía hemos recibido como buena noticia el que la nueva consejera de Desarrollo Educativo y FP, Patricia del Pozo, haya señalado ante la Mesa de la Enseñanza Concertada que la potenciación de la FP será efectivamente una de las principales prioridades en esta legislatura.

5. Enfoque en competencias. Finalmente, los centros educativos debemos esforzarnos en ofrecer una formación adaptada a las necesidades reales de las empresas. Así, debemos sustituir el tradicional enfoque basado en contenidos por un enfoque basado en competencias. De esta manera lograremos que los alumnos se preparen no solo para comprender, sino para actuar reflexivamente, convirtiendo el conocimiento en un medio para hacer, es decir, para realizar sus trabajos de manera consciente, competente y comprometida con la empresa y la sociedad a la que sirven.

Este es un objetivo que debería atravesar todo el sistema educativo. Y, con más razón la Formación Profesional, ya que esta tiene una orientación más inmediata hacia el empleo. Del mismo modo, se deben desarrollar iniciativas o programas tendentes a fomentar otras actitudes y aptitudes del alumnado, como las habilidades emprendedoras y otros tipos de soft skills cada vez más demandadas por las empresas. Todas ellas son fórmulas útiles y necesarias para ensanchar las posibilidades de desarrollo profesional de la juventud y revertir las preocupantes cifras de desempleo juvenil.

Como resumen de todas estas claves, me atrevería a destacar que el éxito de la reforma de la FP en España dependerá en gran medida de que sepamos desarrollar, entre todos, un gran esfuerzo de colaboración público-privada que permita acertar en la implantación de las novedades de la nueva ley en cada territorio concreto según las necesidades y demandas de cada zona.

Enrique Gómez-Puig, sj es Director general de SAFA

Vía El País